El escándalo se destapó en el departamento sureño tras conocerse el funcionamiento de un vacunatorio ilegal promovido por el médico auditor de distintos geriatricos. El fiscal que lleva la causa dio detalles
El director Regional Sur del Ministerio de Salud, Abel Freidemberg denunció el funcionamiento de un vacunatorio ilegal que llevaba adelante el medico Rubén López, auditor de tres geriatricos de la zona.
El fiscal que entiende en la causa, Javier Giaroli, explicó en dialogo con FM Vos (94.5) que “es una investigación muy incipiente que comienza el día sábado a última hora con una denuncia que hizo el doctor Freidemberg. Atento a lo que manifestó, decidí tomarle la denuncia. Me puso en conocimiento de esta situación de que en un grupo de Whatsapp, de vecinos del callejón San Isidro, estaba un médico organizando un listado de personas para ir a vacunarse a un domicilio particular contra el Covid-19. Manifestó el doctor Freidemberg que era imposible que pudiese haber vacunas en poder de privados, toda vez que las vacunas están en la órbita estatal”.
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Agregó que “atento a ello, el juez de turno dictó un allanamiento y se practicó tipo redada, es decir, que personal policial se apostó en inmediaciones del domicilio, en calle Coronel Campos, a la espera del arribo de personas, que llegarían a las 11 de la mañana (hora prefijada). Allí se abordaba a las personas que venían a colocarse las vacunas. De este modo, se aprehendió a nueve personas y a tres se les resolvió la situación, ya que eran las acusaciones menos graves. También, por cuestiones de humanidad, como había dos personas muy grandes, incluso una de ellas con una prótesis en la cadera, se las acusó de ‘tentativa de infracción al artículo 205 del Código Penal’”.
El Fiscal explicó que “en los audios no se menciona que cobraran por esta vacunación, pero es raro porque habían contratado a un enfermero que también está siendo acusado de ‘ejercicio ilegal de la medicina’, porque tenía la matrícula vencida desde el 2014. También estaba el costo de los descartables. Por lo tanto, y más allá de la trazabilidad de la vacuna, estamos con el análisis de los más de 20 teléfonos que están secuestrados para saber si se estaba pagando un canon. El sentido común indica que sí, pero no hay prueba de ello”.
Añadió ante esta situación que “de ser positivo que cobrasen agravaría más la situación. También se quiere determinar cuántas dosis de vacunas tenían para inocular a los ancianos de tres geriátricos y cuál sería la remanencia que les podía quedar. Una de las hipótesis sería que hayan fingido la inoculación para hacer de forma espuria que estaban colocando a terceras personas. Probablemente se tenga que pedir el testeo de anticuerpos a los ancianos para saber si tienen la vacuna puesta o no”.
Giaroli reveló que “en los audios y el grupo de Whatsapp estaba preestablecido que probablemente irían unas 40 personas a vacunase en la mañana, pero quizá alguien lo advirtió y fueron solamente tres. Lo que me preocupa más allá de las investigaciones es que una persona con tres geriátricos haya tenido remanente de cuarenta vacunas. Ahí estaría involucrado el propietario del geriátrico, el médico asistencial que controla a esos geriátricos y el enfermero que está encargado de la atención de esos ancianos en el lugar”.
En este aspecto, dijo que “lo que sabemos es que en el lugar existieron lotes de vacunas AstraZeneca sin utilizar, por lo que se está tratando de buscar su trazabilidad. Lo más preocupante es que son lotes de vacunas que ha adquirido el propietario de esa casa, que es el dueño de tres geriátricos de los cuales el administrador es el doctor López (quien se comprobó tiene vencida la matrícula y sería acusado por ejercicio ilegal de la Medicina). Eran vacunas aportadas por el sistema de vacunación para inocular a los ancianos y por algún motivo no estaban siendo vacunados quienes correspondían”.
Por el momento los hechos referidos son calificados como “Peculado e infracción a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia en concurso real”, previsto y penado por los artículos 261, 205 y 55 del Código Penal, atribuido a Hugo Oscar Ochoa Silva en calidad de autor material; participación necesaria en los delitos de “Peculado e infracción a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia en concurso real”, previsto y penado por los artículos 261, 205 y 55 del código penal, atribuido a Rubén Ángel López Reinoso, Teresa Mabel Chaine Salinas y María de los Ángeles Ochoa Chaine; y “Tentativa de ejercicio ilegal de la medicina”, previsto y penado por los artículos 208 y 42 del Código Penal, atribuido a Silvio Damián Reynals en calidad de autor material.
“Lo que sí es que en la investigación preliminar no se descarta ninguna hipótesis y la acusación puede mutar en algún momento con alguna circunstancia agravante”, concluyó el fiscal.