Después de una breve demora, el Gobierno de Mendoza finalmente entregó la planilla de datos de sus empleados públicos para analizar en profundidad que no existan irregularidades asociadas con planes sociales. La investigación fue elevada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien el pasado lunes confirmó que más de 8 mil personas que accedieron al Potenciar Trabajo eran empleados públicos provinciales.
Desde el Ejecutivo se excusaron y cuestionaron el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS), por considerar que funciona con "algunas trabas", que dificultan la carga rápida de datos. Del pedido surgió que más de 97.000 trabajadores desempeñan tareas para el estado.
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El pedido del fiscal no solo incluyo un informe de la provincia, también apunto contra 24 jurisdicciones, de la cuales 10 lo hicieron en tiempo o y forma. Pero otras 14, incluida Mendoza terminaron demorando la entrega de información.
De los datos recabados surgió que 8.583 personas que accedieron al beneficio eran empleados públicos que cobran $7.5 mil millones anuales.
La provincia donde más empleados cobran el Potenciar Trabajo es Tucumán con 1.145; le siguen La Rioja, con 1.060 -entre 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), ya envió la suspensión o baja, una vez impulsada la acción penal, dictará la orden al área que gestiona el Programa Potenciar Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, para que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa.
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En el informe efectuado a priori por el fiscal federal Guillermo Marijuan se reveló el escandaloso dato de que, en los últimos 14 años, más de 200 mil beneficiarios de estos planes sociales viajaron al exterior, a pesar de recibir subsidios estatales destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
Según consignó, desde 2009 hasta 2023, el Estado argentino otorgó subsidios millonarios al menos a 211.977 personas que salieron del país utilizando diversos medios de transporte, incluyendo aviones y cruceros, mientras recibían beneficios estatales.