Al no haber una reforma tributaria integral a corto ni mediano plazo, el Poder Ejecutivo considera que “no hay tanto margen” para subir muchos más impuestos, y entonces la clave pasará por la “progresividad”, y por “consensuar” todas las propuestas que llegan desde la coalición.
En este sentido, se supo que el proyecto de ley de desarrollo agroindustrial surgió luego de la propuesta que acercó el Consejo Agroindustrial, que a su vez fue conformada el año pasado con la participación de más de 40 entidades. El grupo de referentes del campo con predisposición al diálogo fue recibido inclusive por la vicepresidente Cristina de Kirchner el año pasado, y a su vez también fue uno de los nexos con los productores durante el conflicto por las exportaciones de carne. Luego pasaron meses de trabajo en conjunto con el Gobierno, y en un momento el sector consideró que el proyecto quedó “dormido”, hasta que recientemente, durante una reunión con el presidente Alberto Fernández, el mandatario les confirmó que sigue en pie.
El Consejo Agroindustrial, que lidera José Martins, está proyectando que el plan pueda alcanzar los u$s100 mil millones anuales en exportaciones y que genera 700 mil puestos de trabajo en 10 años. Para eso, pidieron que se los acompañe con “regímenes especiales” para promover la inversión en bienes de capital, subir los reintegros y simplificaciones aduaneras, sanitarias y fiscales, para así poder avanzar con la industrialización en el agro. Inclusive, la simplificación tributaria de todos los regímenes provinciales es uno de los objetivos del Ministerio de Economía, para que estén integrados los sistemas de recaudación y de retenciones.
También se supo que podría presentarse en los próximos días, un proyecto de ley de inversiones en hidrocarburos, que fue redactado por la Secretaría de Energía y con fuerte reserva para con las empresas y los gobernadores petroleros. Esta iniciativa cuenta con un interés especial de la petrolera estatal YPF, que intentará avanzar en el desarrollo de proyectos no convencionales, como en Vaca Muerta, pero también en pozos convencionales, con promociones impositivas de largo plazo. Éste, como todos los proyectos que deben dirimir con las provincias, estaría ingresando a través de la Cámara Alta, para que se le agreguen las propuestas de los gobernadores.
La tercera propuesta está relacionada a la movilidad sustentable, cuyo borrador ya está redactado desde hace meses, y además fue anunciado por Alberto Fernández en la apertura de sesiones. Este proyecto plantea incentivos impositivos para reconvertir el mercado de vehículos (autos, motos, buses y autopartes), y crear el Instituto de la Movilidad Sustentable para investigación científica. También anticipa que este sector podría atraer inversiones por u$s300 millones y generar más de 2.000 puestos de trabajo, según consta en los considerandos.
Este proyecto estaría trabado debido a que incluye un tema clave que es la industrialización del litio, sobre el que hay un objetivo ambicioso de contar con una fábrica de baterías de litio en nuestro país. En este caso, tal cual ocurre con otros temas, hay diferencias en el Frente de Todos respecto a si la explotación debe ser pública o privada. Por ahora, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo están considerando que, sin capitales extranjeros, es “inviable” avanzar.
Finalmente, hay un cuarto proyecto de ley que se encuentra en redacción y es el de inversiones en la industria automotriz, que estaría vinculado al de movilidad sustentable, para dejar atrás la industria convencional y tener una mayor integración de autopartes. Estos dos últimos trabajos incluyeron el aporte de cámaras empresariales como es Adefa o Afac. La fabricación de vehículos tiene una balanza comercial negativa que el Gobierno busca revertir.
Estas iniciativas, se prevén sumar a 8 que ya fueron aprobados (solidaridad social, ganancias de empresas y de personas humanas, Monotributo, aporte solidario, consenso fiscal, blanqueo de la construcción y economía del conocimiento) y 15 decretos. Se supo que solo uno de ellos ya fue enviado al Congreso, aunque todavía no fue aprobado, que es él de incentivos para inversiones en pesos.
