La Legislatura provincial fue el escenario donde oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo y, en el Senado, dieron media sanción, de manera unánime, al proyecto que busca regularizar y proteger al Piedemonte.
Se trata de una iniciativa impulsada por el gobernador Rodolfo Suarez en el 2020, pero que estaba “cajoneada” hasta hace poco tiempo. Fue en ese momento cuando la oposición propuso algunas modificaciones para que fueran incluidas en la iniciativa que finalmente se trató este martes.
La “Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM)” unió los dos proyectos que en su momento presentó Suarez con el mismo sentido: establecer criterios que permitirán planificar las zonas aún no habitadas y regularizar áreas ya urbanizadas.
La misma define algunas pautas mínimas, y obligatorias, de ocupación de toda la zona del Piedemonte mendocino, a partir de los cuales los municipios podrán actualizar sus códigos o zonificaciones.
Dicha normativa fue diseñada por la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial a través de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, con el aporte de los municipios de Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján,
“Hubo un muy buen entendimiento con la oposición. El gobernador pidió que llegaramos a un acuerdo porque es una situación muy sensible. El acuerdo es tener una mirada integral de todo el área metropolitana, mirada de cuenca. Incorporamos miembros dentro del procedimiento de evaluación del impacto ambiental que van a ser consultados y su opinión va a ser reflejada”, indicó al respecto el secretario de Ambiente, Humberto Mignorance.
"El agua es un bien cada vez más escaso. Proteger el oasis productivo es una obligación de todos. Es una de las principales preocupaciones que tenemos. Vamos a estar muy atentos a lo que se realice en el Piedemonte", dijo por su parte el senador del Frente de Todos-PJ, Gerardo Vaquer.
Sobre los cambios que traerá aparejada esta norma, Mingorance indicó: “Viene a dar cumplimiento a la Ley provincial de ordenamiento territorial, que dice que a la zona del Piedemonte hay que darle tratamiento ambiental. Ningún desarrollo podrá tener pozo séptico, tendrán que tener tratamiento de agua grises y negras, preservar la flora y fauna”.
"A partir de la cota 1200 (m.s.n.m) solo se podrán realizar algunos procedimientos que tengan que ver con lo recreativo, muy menores, pero en todos la casos llevarán un estudio de impacto ambiental”, agregó.
De esta manera, se determinarán procedimientos para planificar el desarrollo de zonas aún no ocupadas y deberá cumplimentar exigencias ambientales en áreas ya urbanizadas, considerando el criterio de peligro aluvional.
“La ley prevé qué pasa con lo que ya está construido, respecto a la regularización dominial y también la asignación de infraestructura, servicios y protección de riesgos aluvionales. Las inversiones las deberán afrontar los desarrolladores o los vecinos. No habrá desalojos, salvo que haya un riesgo inminente. Los proyectos que están frenados se tendrán que adecuar, pero la ley no es retroactiva”, agregó Mingorance.
En los casos donde haya construcciones previas, se requerirán los estudios ambientales correspondientes y se evaluarán con la población local las obras necesarias. En cuanto a los servicios ya existentes en la zona, los emprendimientos que hayan convenido con los municipios la prestación de servicios podrán continuar con los mismos en los términos acordados.
“Se desarrolla la zona en forma desordenada, provocando riesgo ambiental y poca calidad de vida a sus habitantes. La expansión urbana que se ha dado de forma espontánea se dio sobre cauces aluvionales, sin servicios de luz, agua, transporte público. Encontramos que la regulación del Piedemonte está dispersa. Hemos logrado tratar de unificar esa situación y apostar al orden de esa zona”, explicó durante el debate el senador radical Marcelo Rubio.