De 61 casas de altos estudios controladas, la Universidad Nacional de Cuyo obtuvo el puesto 11 en el ranking de transparencia que elabora la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
La Agencia de Acceso a la Información Pública construye un Índice de Transparencia que le permite monitorear el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los organismos del sector público nacional, establecidas en el artículo 32 de la Ley 27.275 y especificadas en la Resolución 77/2024 de ese mismo organismo.
Para hacerlo se relevan 20 ítems en los que se controla que la información esté completa, actualizada y sea de fácil acceso. De esos 20 ítems, 13 son de transparencia activa y 7 de transparencia proactiva. Entre los primeros se incluye información que debe ser publicada “de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros”, tal como detalla el mencionado artículo de la Ley 27.275, mientras que la transparencia proactiva se refiere a información detallada voluntariamente sin que esté expresamente indicado por la reglamentación vigente.
Entre los ítems de transparencia activa ofrecidos por la UNCUYO se encuentran sus autoridades y sus designaciones, la planilla de personal y su organigrama, las declaraciones juradas y las escalas salariales, además del presupuesto, las transferencias, las compras y las contrataciones y los informes y las planificaciones de las auditorías.
En tanto, entre los datos de transparencia proactiva, nuestra Universidad ha publicado, por ejemplo, información vinculada con datos y estadísticas sobre estudiantes, ingresantes y egresados, o los planes de auditoría que impulsa la Unidad de Auditoría Interna.
“Los resultados que está informando ahora la AAIP corresponden al segundo trimestre de 2024 y son fruto de la evaluación de nuestras políticas de transparencia activa y proactiva. Toda esa información está disponible para quien la quiera consultar en nuestro Portal de Transparencia”, detalló Cecilia Asensio, secretaria de Gestión Económica y de Servicios, a cargo del Área Responsable de Políticas de Transparencia de la UNCUYO.
La secretaria destacó que el Portal de Transparencia es una política de la UNCUYO que está vigente desde hace años. Sin embargo, en septiembre de 2023 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a la AAIP para elaborar una agenda común para el fortalecimiento de las políticas de transparencia activa y acceso a la información pública de las universidades públicas, tal como los obliga la Ley 27.275.
A partir de allí comenzó un trabajo conjunto que permitió a ambas instituciones adecuar los instrumentos de control a las realidades de las universidades nacionales. Así, en marzo de este año se llegó al modelo final de evaluación que permitió elaborar el ranking que ahora se conoce. Para el segundo trimestre de 2024, la UNCUYO obtuvo 66,1 puntos sobre 100, superando a universidades como la UBA o la de Córdoba.
Ahora bien, si se analizan los 210 organismos nacionales monitoreados por la AAIP, la Universidad Nacional de Cuyo se ubica en el puesto 55, superando a instituciones como ARSAT, el Correo Argentino, el Banco Nación, el INCUCAI o la misma Jefatura de Gabinete de la cual depende la propia AAIP.
Visualizaciones para entender
Entre las múltiples estrategias desplegadas por el equipo que lidera Asensio se encuentra el desarrollo de visualizaciones que permiten comprender de manera intuitiva el uso de fondos.
“Hemos puesto a disposición una visualización que permite ver la ejecución presupuestaria porque es la información más difícil de leer e interpretar. Estas visualizaciones vuelven los datos más entendibles. El desafío más grande es cómo mostrar los datos para que se puedan entender y la transparencia sea real. Porque si es todo muy técnico y específico y no hay quien pueda 'traducir' o explicar, los números no se entienden”, explicó la secretaria.
Así, por ejemplo, puede verse cómo se compone el presupuesto de la UNCUYO respecto de gastos de personal (90%) y gastos de funcionamiento (10%) o cuánto se destina a gastos comunes (como los servicios de agua, luz, internet, entre otros), qué montos se destinan a las facultades y las escuelas secundarias y cuánto dinero ocupa el Rectorado para prestar otros servicios a la Universidad.