El Ministerio de Economía y Energía, a través de la Dirección de Fiscalización y Control, expresó su preocupación por la falta de comunicación, por parte del Gobierno Nacional, sobre cómo se deberían llevar a cabo los controles en la provincia tras la publicación de la Resolución 1050, de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo, que establece el congelamiento de precios de casi 1.300 productos.
En este sentido, José Cortez, titular de la cartera dependiente de la Subsecretaría de Industria y comercio destacó: “Tal como lo ha expresado claramente el Gobernador Suarez. Tenemos la preocupación de que la Nación no se ha comunicado en ningún momento con la provincia para explicar cómo es que se tienen que llevar a cabo los controles y cuáles van a ser los mecanismos de comunicación ya que algunas medidas tienen participación del fuero federal”
El funcionario local destacó que tiene que haber un respeto por el federalismo a través de una comunicación conveniente que, hasta el momento no se ha concretado. A su vez, añadió: “Esto arrancó con los precios cuidados para lo cual el ministerio de economía dispuso el personal de la dirección para los controles en enero de 2020, incluso ocurrió algo similar antes, con un aplicativo de control del que no se recibió ningún tipo de norma de uso. Tuvo que haber un reclamo formal del ministro Vaquié para que ese mismo día saliera la resolución que lo encuadrara”.
Según detalló el titular de Fiscalización y Control, ante este tipo de situación, la provincia debe asignar recursos propios que no están asignados naturalmente a esas funciones. “Las estructuras no están adaptadas a un control masivo como el que impone el gobierno nacional. Falta organización desde el Estado nacional”.
A modo de ejemplo, desde la cartera económica provincial hicieron hincapié en la ley de abastecimiento donde, por orden del presidente Alberto Fernández, se suspendió uno de los párrafos que eximía a las pequeñas y las medianas empresas de la aplicación de esta Ley. “Por ende hoy están alcanzados, por esta normativa, todos los comercios de Mendoza.
En este sentido, Cortez explicó que “en un primer momento estaba destinado solamente a las grandes superficies, grandes supermercados o mayoristas, unos 300 locales aproximadamente, ahora debe aplicarse a 10.000. Con la estructura que tiene nuestra dirección solo podríamos visitar una vez, los 300 locales hasta que concluya el programa”.
Respecto al programa Precios Cuidados, Cortez advirtió que, según lo publicitado, los mendocinos deberíamos tener en cuenta 600 productos. Al respecto señaló: “Esto es mentira, se ustedes consultas a las cadenas de supermercados, las listas acordadas por cadena no superaban los 300 productos. Ese es otro de los reclamos que hemos realizado al Ministerio de Desarrollo Productivo, que no insistan en datos que no son ciertos porque producen la frustración de los consumidores.
“Esto es una tarea extra. La fiscalización de los 300 productos que realizamos en el marco del programa Precios Cuidados nos demanda 5 horas. Imaginen si tenemos que inspeccionar 1.247 que son los correctos del listado y otros 57, que no están identificados sobre qué tipo de productos son, nos va a demandar tres o cuatro veces más de tiempo. Insisto, podríamos llegar a visitar solo una sola vez a las 300 grandes superficies en un lapso de 4 meses", aseveró el funcionario.
Al cierre, el titular de Fiscalización y Control invito a los consumidores mendocinos ingresar a www.preciosclaros.gob.ar. “El sistema les va a mostrar precios y en dónde comprar. Van a ver que muchos de los productos con precios congelados ya se vendían más baratos en algunos comercios”.
Resolución 1050
Según la resolución 1050, de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo, establece, hasta el día 7 de enero de 2022, la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final, para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.247 productos publicados en su página web y otros 57, que no están identificados.
A su vez, la normativa insta a las compañías a “arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión” mientras esté vigente la media.