La iniciativa incorpora los incisos i) y j) al Artículo 6° de la Ley 8611 – Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas -, incluyendo las huellas genéticas extraídas en el marco de procedimientos policiales legalmente efectuados y de medidas dispuestas en una investigación judicial penal con el fin de lograr una mejor identificación y/o actualización de prontuario, previo integral anoticiamiento informado a la persona vinculada sobre los alcances de la Ley.
De la misma manera, aquellas extraídas en el marco de trámites administrativos ante entidades provinciales o nacionales según convenio, con el alcance que establezca la reglamentación y previo consentimiento del individuo, que deberá ser informado sobre los alcances de la Ley.
Durante la reunión de comisión se puso en valor que el Banco de Huellas Genéticas de la provincia es “el más grande de Latinoamérica”, lo que lo constituye en algo “trascendente e importante”, y cuya ampliación sería de gran utilidad en los megaoperativos que se están llevando a cabo en distintos puntos de la provincia.
En la fundamentación, se hace también hincapié en que el registro “tiene una tasa de éxito del 63%, esto significa que seis de cada diez evidencias que ingresan al registro son identificadas”, permitiendo “un total de 493 impactos identificatorios positivos, esclareciendo así causas sensibles como por ejemplo 167 abusos sexuales, 158 robos agravados y 104 homicidios, entre otros”.
Estos 493 impactos identificatorios positivos “tuvieron incidencia en más de 1400 causas judiciales”, acota el texto, agregando que desde la implementación del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas en Mendoza y principalmente a partir de la sanción de la Ley Nº 8916, que en el año 2016 modificó la Ley Nº 8611 “se han podido esclarecer con esta herramienta numerosos casos delictivos”.
En esa misma línea, el texto de elevación a la Legislatura detalla que “todo esto ha sido posible gracias a la infraestructura instalada, el recurso tecnológico dispuesto y el valiosísimo recurso humano abocado a esta tarea”, y que “las constantes ampliaciones, graduales conforme a los recursos disponibles y la capacidad del sistema, han sido estratégicas para permitir no solo la ampliación de las bases de Registro, sino también para garantizar resultados más efectivos y lograr esclarecer diversos incidentes de inseguridad en la provincia. Siguiendo con esta política es que se busca ampliar la extracción de huellas genéticas tanto en investigaciones judiciales como en trámites administrativos, y así contar con un mayor alcance de datos”.
El despacho fue aprobado por mayoría, con la abstención de Gabriela Lizana (FRMLN).
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