Entidades internacionales le habrían prestado a la empresa más de 30 mil millones de dólares.
Un juzgado de Nueva York, a pedido de un grupo de bancos internacionales, inició un procedimiento que en aquellos tribunales se conoce como discovery process. En esa causa el juez está habilitado para pedir toda la información necesaria en forma previa a un eventual juicio. Los requerimientos llegaron a Vicentin para que adjunte todos los asientos contables y bancarios que ayuden a trazar la ruta de los créditos. La cerealera, que podría haber opuesto alguna excepción o planteado alguna defensa, decidió entregar cada uno de los documentos requeridos.
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La historia es interesante y debe mirarse en el marco de la ofensiva oficial. Si bien es verdad que el Banco Nación es el principal acreedor individual ($18.182 millones), lo real es que los bancos internacionales suman mucho más dinero en conjunto. Finalmente, una las partes más sensibles de la discusión sobre la empresa terminará por ser develada en los Estados Unidos.
La existencia de la presentación tiene una particularidad. Dentro del comité de bancos está el Banco Mundial, con su Corporación Financiera Internacional, el brazo de la entidad encargado de prestar al sector privado, y el Nederlandse Financierins FMO, un banco de fomento holandés. Además, con menos exposición, también se suman a este consorcio ING Bank, Rabobank y los franceses Natixis y Credit Agricole.
La suma de todos estos créditos le da, por lejos, a este grupo de bancos una mayoría en el concurso mucho más importante que el Banco Nación. De hecho, mientras la entidad estatal podría verificar un crédito de $18.182 millones, los internacionales irían con una acreencia de, al menos, $ 33.137 millones. Hay quienes miran esos números y consideran que algo del espasmo expropiatorio podría venir de esos números, ya que podría no ser tan prominente el papel del banco estatal argentino en el concurso.
El proceso en Nueva York, justamente, no pasa desapercibido. La sola intervención de la Corporación Financiera Internacional, con el Banco Mundial por detrás y con una deuda para cobrar de $16.504 millones, le da un tinte especial. En algunos despachos neoyorquinos unen este proceso de estatización con el canje de deuda. No es para menos. Al ministro de Economía, Martín Guzmán, se le atragantó la noticia del avance estatal con la cerealera justo en el momento en que preparaba una nueva propuesta con un incentivo atado a las exportaciones.
Del otro lado del Atlántico, se encendieron luces naranjas en otro tablero de control. El FMO, con una deuda impaga de $9228 millones -la mitad que el Banco Nación-, es controlado por el Estado holandés, dueño del 51% en el Estado holandés, el 42% está en manos de varios bancos holandeses grandes y el 7% en manos de asociaciones de empleadores, sindicatos y aproximadamente 100 empresas holandesas, además de inversores individuales.
“Las políticas internas del Comité Ad Hoc requieren un claro entendimiento de la situación financiera de su cliente y qué lo llevó a la actual situación de estrés. En ese sentido, al no tener una explicación clara por parte del management de Vicentin, en febrero de 2020, los miembros iniciaron una acción de discovery en la corte del distrito de Nueva York. La acción se limita a obtener información sobre transferencias electrónicas internacionales, ordenadas y recibidas por Vicentin, sus subsidiarias, afiliadas y sus accionistas individuales en los últimos tres años”, contestó oficialmente el consorcio de bancos al ser consultado por LA NACION. La novedad de estos días es que la gran mayoría de la información ya llegó. “El análisis de la información recibida está en proceso”, confirmaron.
Más allá del discurso encendido que se escucha a un lado y otro de los números de Vicentin, la cerealera no era una empresa que estaba al margen del mercado crediticio y que recurrió al Banco Nación como única rueda de auxilio. De hecho, el FMO juntó un pool de bancos y logró cerrar un crédito por US$150 millones en junio pasado. “El FMO continúa y profundiza aún más su relación de larga data con esta exitosa empresa familiar de agronegocios en la Argentina. A pesar del desafiante entorno económico actual en la Argentina, FMO y Credit Agricole pudieron organizar una cantidad significativa de financiamiento de los bancos comerciales”, escribió en el prospecto el banco holandés a la hora de justificar la decisión.
Los teléfonos de varias embajadas se empezaron a activar en busca de encontrar una hoja de ruta para canalizar los reclamos de los bancos. En Holanda, además, el sonido estatizador retumbó en las oficinas de ING Bank. No es para menos, entre dos filiales tienen una deuda a cobrar de $4730 millones. A pocas cuadras, en el también holandés Rabobank, tienen un cheque por $1430 millones. La apuesta holandesa a los granos argentinos se ha complicado.
En la empresa confían en poder explicar en Estados Unidos que gran parte del descalce tuvo que ver con lo que pasó en la Argentina el año pasado, entre las elecciones de agosto, las PASO, y el cambio de gobierno, en diciembre. Liquidaron a los productores US$1784 millones, 800 millones más que un año promedio. Se sabía que venían más retenciones y nadie quería perder. Los productores corrieron a la caja de pago de Vicentin, que tuvo dinero hasta diciembre. Según sus números, en ese mismo período de 2017 se pagaron US$1085 millones y en 2018, afectado por la sequía, US$752 millones. Como se dijo, la cifra sumó casi 1000 millones de dólares más.
En el Gobierno conocen la existencia de aquel proceso. En Vicentin, la decisión fue someterse a la jurisdicción de Estados Unidos, será una oportunidad para aportar datos que aclararen las acusaciones de lavado de dinero y vaciamiento. Confían en que la frialdad de los números le discuta mano a mano a la ideología. Pero claro, hay algunas palabras que dejan intranquilos a muchos. Por lo bajo se escucha el vocablo Nassau, la capital de las Bahamas, un paraíso fiscal.
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