Tras alcanzar el equilibrio fiscal en 2024, tanto a nivel nacional como provincial, entre los principales desafíos que marcarán la agenda fiscal futura se destacan:
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Sostenibilidad de la Deuda vía superávit fiscal. Mantener un superávit primario tal que garantice sustentabilidad fiscal, de modo la deuda pública no crezca en términos del PIB;
- Eficiencia del Gasto. Optimizar la calidad del ajuste del gasto, para que las erogaciones totales no suban más que el IPC, pero mejorando la composición interna del ajuste (algunas partidas subiendo por arriba y otras por debajo de la inflación);
- Simplificación administrativa. Desburocratizar y facilitar los trámites estatales para los ciudadanos y las empresas;
- Reducir la presión fiscal. Lograr la sustentabilidad fiscal aun bajando impuestos en los tres niveles de gobierno en 2025 y años subsiguientes, especialmente aquellos más dañinos para la economía.
En otras palabras, el desafío será poder lograr sustentabilidad fiscal sumado a la ejecución de reformas económicas y fiscales que apunten a mejorar sustancialmente la competitividad local, en un marco de tipo de cambio real relativamente bajo, que predominaría a futuro si continúan a buen ritmo las inversiones y exportaciones en el sector de energía y minería.
Entre las reformas necesarias para mejorar la competitividad local se destacan las dirigidas a bajar la presión tributaria y el peso de los impuestos más distorsivos, así como mejorar la cantidad y calidad de la infraestructura, que permita aumentar la productividad del sector privado, en especial de la producción de bienes y servicios transables con el exterior.
Impuestos distorsivos: Un obstáculo para la competitividad
Entre las reformas fiscales necesarias para impulsar la competitividad, en primer lugar, debe mencionarse la disminución del peso de los impuestos más distorsivos, ya sea eliminándolos, reduciendo su carga o transformándolos en tributos más eficientes. Tras la eliminación del impuesto PAÍS, los principales candidatos a revisión por su carácter distorsivo son los Derechos de Exportación (DEX) y el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB), a nivel nacional; el impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y a los Sellos a nivel provincial; y la Tasa de Seguridad Higiene (TSH) a nivel municipal.
El peso de los impuestos más distorsivos en la economía argentina ha variado a lo largo del tiempo. Aumentó sustancialmente tras la crisis 2001 – 2002, y en 2015 representaban un 7,9% del PIB (2,9% nacionales y 5% subnacionales). Para 2024 esta crifra aumentó a 8,6% (3,7% nacionales y 4,9% subnacionales). Sin embargo, se proyecta que en 2025 el peso de estos impuestos disminuirá a un 7,6% (2,5% nacionales y 5% subnacionales), con la eliminación de PAÍS y la reducción transitoria en DEX.
Si se compara 2024 versus 2015, los impuestos más distorsivos aumentaron su peso en 0,7% del PIB (+0,8% nacionales y -0,1% subnacionales), mientras que entre 2024 y 2025 bajarían en 1% del PIB (-1,1% nacionales y +0,1% subnacionales).
A partir del año que corre se requiere un acuerdo fiscal entre Nación y Provincias (y éstas con sus municipios) para morigerar la suba del gasto (ver Novedades Económicas de febrero pasado) y así destinar los excedentes fiscales a eliminar progresivamente DEX e IDCB (éste podría subsisitir sólo a cuenta de IVA y Ganancias), eliminar Sellos y un mix entre disminución y transformación de IIBB y TSH.
Inversión pública en infraestructura
Para impulsar su competitividad y lograr un crecimiento económico sostenido, Argentina necesita incrementar significativamente su tasa de inversión, tanto privada como pública, hasta alcanzar un 25% del PIB en los próximos años. En 2024 la inversión total se situó en 16% del PIB (primeros nueve meses del año), por lo que queda mucho por mejorar.
En el caso de la inversión pública, al resultar una de las partidas más afectada por los recortes, bajó hasta 1,3% del PIB en 2024, luego de ubicarse en 2,6% en 2022 y 2023. En el año de la pandemia (2020) había caído a 1,8% del PIB, y en promedio resultó 2,4% del PIB entre 2015 y 2024. La mayor caída en 2024 se observó en la inversión pública nacional (de 0,8% a 0,3% del PIB), mientras que la provincial se redujo de 1,4% a 0,8%, explicada casi totalmente por las menores transferencias de capital de Nación a Provincias. Las transferencias de capital de provincias a municipios pasaron de 0,3% a 0,2% del PIB entre 2023 y 2024.
Ya sea con fondos públicos o con un esquema de Participación Público-Privada (PPP), se necesitará aumentar la inversión en infraestructura en 2025 y años subsiguientes para incrementar en forma indirecta la productividad del sector privado, y con ello, su competitividad internacional. Argentina debe mejorar la calidad de su infraestructura, dado que en 2024 se ubicaba en el puesto 56° en el Ranking de Infraestructura que integra el Índice de Competitividad Mundial que provee el IMD, por detrás de países latinoamericanos como Chile y Colombia, aunque por delante de Brasil, México y Perú.
Al respecto cabe señalar que si bien los esquemas de PPP representan una vía atractiva para impulsar la inversión en infraestructura, su implementación en Argentina enfrenta obstáculos significativos. Tal como quedó demostrado en la fallida licitación de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, la complejidad del marco regulatorio y la limitada capacidad institucional del Estado para diseñar, licitar y supervisar proyectos de PPP plantean desafíos considerables. Sin una estrategia integral que aborde estos desafíos, el potencial de las PPP para impulsar el desarrollo de la infraestructura en Argentina podría verse comprometido.
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