El fallo de la jueza Fabiana Martinelli que se conoció hace exactamente un mes y que obligó a las empresas automotrices a reducir los montos de los planes de ahorro un 14% desde el inicio de cada contrato, aún no logra ser aplicado.
Es que si bien este martes 19 de marzo venció el plazo de “20 días hábiles” para que el sector empresarial acomodara esos valores y comenzara a devolver lo que habían cobrado de más, desde el año 2018, las acciones de los respectivos abogados defensores han logrado dilatar ese cumplimiento y han esquivado las sanciones que planteaba la trascendental sentencia.
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Así lo confirmó en Radio Jornada la abogada demandante Mariela González, que representa a un millar de personas pero que puede beneficiar a “unos 30 mil o 40 mil” suscriptores de este tipo de planes.
González habló en el programa Lado A, que conduce Luis Ábrego y tras señalar que a esta altura pensaban contar por lo menos con “un plan de trabajo” de las empresas, para afrontar el fallo, lo único que ha habido son “recursos y chicanas que piden que no se haga ejecutivo el fallo”.
Efectivamente, con la firma de los abogados Guillermo Trípoli (en representación de Chevrolet S.A. y General Motors), Federico Mexandeau (apoderado de Plan Rombo -Renault-), Guillermo Vizcaíno (Círculo Inversores -Peugeot y Citroen-), Baltasar Sayavedra (Plan óvalo -Ford-); Rodrigo Sayavedra (Toyota Plan Argentina); Guillermo Vila (Toyota Argentina); Analía Falaschi (Volskwagen), las organizaciones empresariales acudieron a la Cámara de Apelaciones, “con carácter de urgente”, para pedirle dejar “sin efecto” y que “rectifique” la forma en la que la jueza Martinelli accedió a un pedido apelatorio que ellas le presentaron el pasado 27 de febrero, apenas una semana después del fallo.
Es que según ese documento presentado por los letrados, la jueza hizo lugar al pedido de apelación, pero sin suspender el fallo que se cumplió ayer, algo que los defensores consideran “inconstitucional” desde su perspectiva.
Según su fundamento, Martinelli “incurrió en la arbitrariedad de conceder -sin más- las apelaciones planteadas por nuestros mandantes sin siquiera abordar las solicitudes que habían sido formuladas con aquellos alcances”.
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En otro segmento del escrito, los defensores señalan que “la complejidad del proceso tramitado como acción colectiva y los montos involucrados (…) no pueden recibir el mismo tratamiento procesal que el aplicable a una acción individual…”.
Y lógicamente también consideran que el fallo de Martinelli implica “un perjuicio” a las empresas, porque de ejecutarse, “implicaría una disposición de dinero, entrega de vehículos y pérdidas de garantías prendarias” en un proceso que todavía no finaliza. Además, significaría un “malgrado” de la apelación que están tramitando, alterando “la solvencia del sistema”.
Para la denunciante González, estas son sólo “chicanas” y acciones dilatorias. Y consideró “lamentable que hayan tratado de darle órdenes a la jueza”, en el primer pedido de apelación tras el fallo del 19 de febrero.
La abogada informó además que “la Cámara le dio intervención al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen respecto de ese pedido”, pero advirtió que esta actitud de los defensores “no encuadra en ningún artículo del código procesal de Mendoza ni del país. Es totalmente impertinente”.
Réplicas en el resto del país
El fallo de la jueza Martinelli del 19 de febrero específicamente obligó a las empresas automotrices que comercializan planes de ahorro, a retrotraer el valor de sus cuotas a montos un 14% inferior, desde el inicio de cada contratación.
Esa sentencia fue tan resonante que implicó para Mariela González trascender ella misma con su accionar. “En otras provincias hay suscriptores también muy interesados en que los represente y que se haga justicia también”, confirmó la abogada. “Ya los colegas están pidiendo que desde acá les manden los listados de precios que han mandado a la Inspección General de Justicia, porque es lo que nos permitió probar que hubo sobreprecios a lo largo de todos estos años” resaltó González, al tiempo que confirmó que el fallo de Martinelli, efectivamente, “sentó jurisprudencia a nivel país”.