Aunque hace tiempo que nadie en el poder se lo toma demasiado en serio ni le pide opinión, Guillermo Moreno pudo haber sido la excepción que confirmara la regla. El acuerdo que enhebró Martín Guzmán con los acreedores privados para aplazar y aliviar los pagos de la deuda jamás haría desdecirse al pintoresco exsecretario de Comercio, quien semanas atrás vaticinó que fracasaría porque le faltaba “haber pateado más la calle”. En el mundo empresario, entre los apostadores bursátiles y entre los consultores más cotizados de la City, en cambio, no hubo ningún reparo para la pirueta: hasta quienes le pedían el mes pasado a Alberto Fernández que lo eche -en público y en privado- se vistieron de guzmanistas de la primera hora. Todos salieron a gritar el gol que añoraban tanto la hinchada como el técnico, aun cuando está lejos de haber definido el partido.
Puertas adentro de la coalición, el primero en cantarlo fue Sergio Massa, quien no solo había convocado varias veces durante abril y mayo a su propio gabinete económico para interconsultas sino quien además entabló diálogos paralelos con Wall Street que obligaron al Presidente a avisar en tres ocasiones que el único interlocutor oficial era Guzmán. Pasado pisado: tanto se apuró el jefe de Diputados en sacar pecho por el entendimiento que incluso primereó a Fernández. Pidió disculpas.
El recorrido de Guzmán antes del cierre de las negociaciones reflejó fielmente el equilibrio de fuerzas en el Frente de Todos. Tras haber pasado el fin de semana prácticamente instalado en Olivos con el Presidente, el lunes visitó personalmente a Cristina Fernández y conversó virtualmente con Massa y Máximo Kirchner. Los más conspirativos del gabinete están convencidos de que ese tándem excede lo parlamentario y constituye un proyecto de poder autónomo. No olvidan la cena del 22 de junio en la mansión del banquero Jorge Brito en San Isidro, donde el exjefe de Gabinete les presentó al líder de La Cámpora al presidente de la UIA, Miguel Acevedo, al petrolero Marcos Bulgheroni, al zar de la energía Marcelo Mindlin y al constructor Hugo Dragonetti.
¿Será verdad lo que intuyen esos escultores del humo? ¿Que Máximo apuesta por ser quien le arrime la banda presidencial a Massa, consciente del límite que le imponen para calzársela él tanto su apellido como la imagen pública que supieron construirle los medios de comunicación más masivos? ¿Será un proyecto secreto o estará blanqueado también ante el Presidente, como aclaró el exintendente de Tigre cuando se supo de sus interconsultas con Martín Redrado, Santiago Montoya, Daniel Marx, Miguel Peirano y Guillermo Mitchell?
En los festejos del acuerdo con los acreedores tampoco faltaron los economistas de la gestión Cambiemos, que inflaron la deuda pública a una velocidad inédita en la historia del capitalismo y consiguieron batir dos récords: incumplir el pago de bonos emitidos en su propio gobierno y gastar la friolera de 22 pesos por cada 100 de presupuesto en intereses de esa deuda, como ocurrió en 2019. Pero las felicitaciones de esa tribuna virtual visitante incluyeron pases de factura contra Mauricio Macri que solo se entienden a la luz de internas añejas que luego agigantaron la crisis y la derrota. La de Luis “Toto” Caputo, por ejemplo, destilaba hiel contra el líder veraneante. El exministro de Finanzas todavía siente que lo sacrificaron en el altar de una ortodoxia cándida que resistió todo lo que pudo: primero cuando Macri decidió volver al Fondo Monetario y después cuando se fijaron las condiciones del primer programa, que estalló a los tres meses.
Más fondistas que el Fondo
Se lo confesó el italiano Roberto Cardarelli -el entonces encargado del caso argentino en el FMI, también eyectado por la crisis- a un amigo que se lo contó a su vez a BAE Negocios. “Nosotros no lo podíamos creer, pero (Nicolás) Dujovne estaba a nuestra derecha. Cuando firmamos el primer acuerdo tratamos de convencerlo de que un control de capitales era indispensable, pero él nos respondió que eso era inconcebible para el gobierno”, evocó. Esos controles que hasta el Fondo consideraba necesarios en 2018 terminaron por llegar, pero recién cuando todo colapsó y el timón ya lo sostenía Hernán Lacunza. Ahora, insólitamente para un partido que se reivindica democrático y republicano como el PRO, sus economistas culpan al electorado por cómo sufragó en las PASO de 2019.
La del Fondo es la negociación que viene, aunque sus nuevos jerarcas supervisaron íntegro el diálogo con los acreedores privados. Guzmán se lo anticipó en abril a un grupo de empresarios que sí pueden jactarse hoy de seguirlo desde Cemento: el financista Pablo Peralta (BST), el presidente de Toyota, Daniel Herrero, el CEO del Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simon, el director de Celulosa Argentina, Jose Urtubey, el dueño de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, el fundador y director de Globant, Martín Umaran, el cafetero Martín Cabrales, la titular de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol, y el presidente de Fecoba, Fabián Castillo. En aquel encuentro, a inicios de la pandemia, les dijo que sus objetivos eran cinco:
- Frenar la salida de capitales.
- Regularizar la deuda en pesos.
- Acordar con los acreedores.
- Equiparar las condiciones de la deuda en pesos y en dólares.
- Cerrar un nuevo programa con el FMI.
Ya con uno solo de esos objetivos por delante, la pregunta no es tanto a qué se dedicará después sino cómo hará para convivir con Kristalina Georgieva. Porque a diferencia del CEO de BlackRock, Larry Fink, que le dobló el brazo a Fernández al obligarlo a mejorar su última oferta pero después desapareció de la escena, el pacto con el Fondo incluye una supervisión permanente. ¿Será distinto lo que exijan desde la calle 19 ahora que no están más Christine Lagarde, Cardarelli ni David Lipton?
Que sea viable este acuerdo va a depender, entre otras cosas, de lo que se negocie ahora con el FMI. Georgieva jugó como aliada pero ya exige austeridad y va a seguir haciéndolo. El ministro, en ese sentido, tampoco es demasiado heterodoxo. En el segundo encuentro con el grupo de empresarios “guzmanistas”, en julio y cuando ya había empezado a reunirse con otros ejecutivos también, se jactó de no haber gastado tanto a inicios de la pandemia. “Yo había hecho un plan para sostener la economía en cuarentena y eran 30 días hábiles de inactividad. Ahora que vamos más de 100, me alegro de no haber puesto en ese mes más de dos puntos del PBI”, les dijo.
Un riesgo es que Georgieva le pida a Guzmán y a Fernández que le retribuyan su ayuda con los acreedores. Que les exija una mayor disciplina para exhibirla ella como trofeo ante el directorio, donde manda el G-7 pero especialmente Estados Unidos y donde desean recuperar en algún momento los U$S 44.000 millones que puso el Fondo como aporte de campaña para la fallida reelección de Macri. Pero el principal peligro es que quiera compartir el timón.
De Rocca al Mono
Que el Fondo vaya a auditar al Gobierno no solo condiciona decisiones de índole fiscal como una suba del IFE o un descongelamiento de las jubilaciones. También sigue gravitando sobre transformaciones más estructurales, y tal vez ésa sea la peor herencia que dejó Macri. ¿O aceptaría alegremente Georgieva el Ejecutivo ponga USD400 millones para capitalizar Vicentin, como pensaba hacer Gabriel Delgado, para que el Estado ponga un pie en el mercado de granos y por ende controle los dólares de la exportación?
Tras la derogación del decreto que intervino la cerealera, Fernández instruyó a todos en el Gobierno para que procuren cercar a los accionistas y al juez concursal de Reconquista, que le torció el brazo con mucho menos poder que Larry Fink. El Banco Nación pidió que todo el patrimonio del grupo Vicentin y de los accionistas respondan ante el concurso. También apeló la decisión del fiscal Gerardo Policita de disponer la incompetencia del juez Julián Ercolini sobre la venta de Renova, la joya del grupo. Lo mismo hizo la Unidad de Información Financiera (UIF). En la AFIP, por su parte, Mercedes Marcó del Pont ya preparó una demanda por subdeclaración de exportaciones.
Los directivos de Vicentin no parecen preocupados. Si se aprueba en el Senado la moratoria que empujó el oficialismo, el Nación no podría ejecutar siquiera sus créditos garantizados con prendas, hipotecas ni otros privilegios. ¿Conseguirá cambiar algo de su articulado Claudio Lozano, que lo gestiona incansable ante senadores del oficialismo? ¿Hará algo por evitar el desguace de Vicentin la senadora Anabel Fernández Sagasti, que “venía trabajando” en la expropiación el día del anuncio pero después no habló más del tema?
Ocurre que, además del Fondo, hay que acordar cómo reconstruir la Argentina con sus propios dueños. Y son consensos trabajosos pero que con esfuerzo se logran, como sabe Matías Kulfas. Ayer, el ministro de Desarrollo Productivo presentó al mundo petrolero su proyecto para reactivar la cuenca gasífera. Lo pactó antes con Paolo Rocca, que renunció (al menos de acá en adelante) al reclamo al fisco que había iniciado cuando Gustavo Lopetegui le recortó los subsidios a la perforación.