A una hora de la convocatoria formal, una gran cantidad de manifestantes copó la Plaza de los Dos Congresos en apoyo a los jubilados, exigiendo una recomposición de sus haberes. La movilización, que se ha convertido en una constante de los miércoles, reunió a diversas agrupaciones, entre ellas Jubilazo Federal Multisectorial, sindicatos como La Fraternidad, ATE, CTA, SUTNA y SIPREBA, además de partidos políticos y organizaciones sociales. También se observaron banderas del Frente de Izquierda y La Cámpora.
Villarruel aparece para saludar a los uniformados
En medio de la manifestación, la vicepresidente Victoria Villarruel apareció sorpresivamente en la parte trasera del Congreso para saludar a los efectivos de la Policía Federal que custodiaban el edificio. Su presencia fue breve, pero no pasó desapercibida en un contexto de alta tensión política y social.
Dentro del recinto, la Cámara de Diputados avanzaba en la aprobación de un decreto clave para el gobierno de Javier Milei: el DNU que blinda la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Este respaldo legislativo representa un paso crucial en la estrategia económica del oficialismo.
La tensión política y la economía en el centro de la escena
Mientras las calles fueron testigo de una de las movilizaciones más grandes en defensa de los jubilados, dentro del Congreso se libraba otra batalla. Con 129 votos afirmativos, 108 en contra y 6 abstenciones, el decreto que permite el acuerdo con el FMI obtuvo luz verde en la Cámara Baja.
Los diputados mendocinos jugaron un papel clave en la votación: los representantes de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez, junto con los radicales Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, apoyaron la medida. En contraposición, los peronistas Martín Aveiro, Liliana Paponet y Adolfo Bermejo votaron en contra, mientras que Lourdes Arrieta se abstuvo argumentando su desacuerdo con la política de endeudamiento.
El debate económico sigue marcando la agenda política en Argentina, con un gobierno que avanza en sus planes de ajuste y un sector opositor que redobla sus críticas. La combinación de manifestaciones masivas y decisiones legislativas clave configura un escenario de alta tensión, donde cada decisión tiene impacto directo en la vida de los ciudadanos.
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Refuerzo policial y estrategias preventivas
A medida que avanza la jornada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó el despacho de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para ajustar los detalles del operativo. Mientras tanto, Casa Militar desplegó un vallado a la altura de la calle Reconquista para evitar que manifestantes puedan acercarse a la Casa Rosada, como ocurrió la semana anterior.
Bullrich reafirmó la postura oficial a través de sus redes sociales: “Marcha o violencia: no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán”. En el Gobierno vinculan la convocatoria con sectores de izquierda y el kirchnerismo, y aseguran que la protesta tiene un claro tinte político con intenciones de desestabilización.
En línea con esta visión, se desplegó una estrategia de comunicación en el sistema de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En pantallas y altavoces de estaciones se emitieron mensajes dirigidos a los manifestantes: “La policía va a reprimir todo atentado contra la República”.
El operativo de seguridad contempla la presencia de 900 efectivos policiales en los alrededores del Congreso, en conjunto con fuerzas federales. Como medida preventiva, se retiraron 350 contenedores de residuos de la zona para evitar que sean utilizados en eventuales disturbios.
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Un blindaje en el Congreso
Si bien el Ejecutivo no percibe diferencias sustanciales con la marcha de la semana pasada, el Ministerio de Seguridad implementó un protocolo específico: un extenso vallado rodea los accesos al Parlamento, creando una “zona estéril” que busca impedir el contacto directo entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Para llevar adelante esta estrategia, se dispuso la interrupción del tránsito en calles y avenidas clave.
El diseño del operativo fue delineado el martes en una reunión encabezada por Bullrich junto al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Sergio Neiffert; su segundo, Diego Kravetz; el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio; el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Con un esquema de seguridad reforzado y el monitoreo constante desde la Casa Rosada, el Gobierno enfrenta una nueva jornada de tensión en las calles, en un clima de creciente polarización política.