Tras los disturbios registrados en la protesta de jubilados frente al Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio un nuevo golpe sobre la mesa con la presentación de la denominada "Ley Antibarras". El proyecto, que ingresó hoy a la Cámara de Diputados, busca catalogar a estos grupos como asociaciones ilícitas y aplicar penas más severas a sus integrantes y a dirigentes que faciliten sus actividades.
La iniciativa, respaldada por el presidente Javier Milei, tiene como objetivo la eliminación total de las barras bravas en el fútbol argentino, castigando delitos como la reventa de entradas, la violencia en las tribunas y su uso como fuerzas de choque en protestas. "Hace años que Argentina necesita una solución a este problema estructural de violencia. Hoy presentamos una ley que encuadra y tipifica sus delitos dentro de una organización criminal", aseguró Bullrich en conferencia de prensa.
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El texto legal, redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad, establece penas de dos a cuatro años de prisión para aquellos que porten armas o revendan entradas de protocolo. Asimismo, se introduce un agravante para los dirigentes de clubes que colaboren con estos grupos, ya sea otorgando facilidades o permitiendo el ingreso de elementos prohibidos en los estadios.
Milei respaldó el proyecto luego del megaoperativo de seguridad en la protesta del Congreso, que resultó en 124 detenciones y más de 20 heridos. La ministra defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y descartó excesos, incluso tras el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó herido por el impacto de un proyectil. "El disparo no fue directo, sino que rebotó y alcanzó su cabeza. La Gendarmería actuó conforme a los protocolos", explicó Bullrich, al tiempo que enfatizó que "los verdaderos violentos fueron los que quisieron romper el orden público".
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En su intervención, la ministra también arremetió contra la jueza Karina Andrade, a quien acusó de liberar a los detenidos sin evaluar antecedentes. "Dijo que no había lugar en las cárceles y mintió. Presentamos una denuncia ante el Consejo de la Magistratura porque queremos jueces que defiendan a los ciudadanos", concluyó.
Con este nuevo avance legislativo, el Gobierno busca marcar un punto de inflexión en el combate contra las barras bravas, una problemática que ha estado arraigada en el fútbol argentino durante décadas. Resta ver si el Congreso dará luz verde a la propuesta y si el plan logra su objetivo de erradicar la violencia de los estadios.