Aseguran que el fuero civil y familiar casi no están funcionando. Piden autorización para circular, que se hagan audiencias virtuales y haya respuestas más rápidas de los jueces en casos urgentes.
Abogados civiles y de familia aseguran que esos fueros no están funcionando durante la cuarentena obligatoria como dice afirmar el Gobierno. Frente a un caso de despido o incumplimiento de pago de alimentos, las y los damnificados no pueden defenderse ya que los letrados no pueden presentar recursos ante la Justicia porque no tienen permiso para circular, no están digitalizados y las respuestas de los jueces a casos urgentes no son rápidas. Aseguran que cuando el aislamiento social se levante, “lloverán las demandas”, porque detrás de cada reclamo “hay un problema humano”.
Andrea Disparte, presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, sostuvo que “en cuarentena la justicia civil y de familia no funciona” y que la consecuencia de esto es que “el justiciable que espera una sentencia no la va a tener porque no se pueden realizar audiencias ni los profesionales pueden ir a Tribunales, quedando los expedientes paralizados”.
La jurista remarcó: “No podemos ir a los estudios a buscar lo necesario para trabajar, es decir, computadoras, documentos, impresoras o escaners. En los casos se puede avanzar, pero hasta cierto punto, porque hay determinados actos que requieren la presencia de las dos partes frente a un juez. En Familia, la Justicia funciona para casos de violencia de género, lo cual está perfecto, pero no para reclamar alimentos”.
Sol Villareal, abogada laboralista, comentó a que los profesionales están con las “manos atadas” frente a las necesidades de los clientes que esperan respuestas rápidas en medio de la pandemia. “Estamos limitados totalmente para asesorar y asistir a un trabajador frente a los despidos que están ocurriendo. La tecnología no va acorde a la realidad, no estamos a la altura, ya tendríamos que estar digitalizados. No hay una rápida respuesta de los jueces hacia los pedidos urgentes. Esto se ha pasado por alto, pero detrás de cada expediente hay una problema humano”.
Los despidos y las suspensiones están prohibidas por el Gobierno nacional, ambos por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo como consecuencia de la emergencia declarada por la pandemia. El Decreto 329/20 fue emitido el 31 de marzo luego de que se conociera el intento del Grupo Techint de despedir 1 450 trabajadores. El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, por su parte, dijo durante una videoconferencia ante la Comisión de Salud del Senado Nacional que por la caída de la actividad económica provocada por el aislamiento por el coronavirus “no se ha registrado una pérdida de empleo de manera extraordinaria”.
Sin embargo, Villareal contó que todos los días habla con clientes que le explican la situación económica en la que se encuentran debido a irregularidades por parte de sus empleadores. “Hay empresas muy grandes, no micro empresas, que han despedido, suspendido o dado vacaciones a los empleados. Hay un abuso de la situación y no podemos hacer nada frente a eso. Es un caos”, explicó.
Otro obstáculo que tienen los abogados y sus clientes es la imposibilidad de realizar notificaciones porque los días se declararon inhábiles hasta el 26 de abril, fecha en la que supuestamente finalizará la cuarentena obligatoria. “Han habilitado a las Cámaras y a la Corte a dictar sentencias, pero esa decisión no es notificada. Entonces si el profesional debe recurrir, no puede hacerlo. Además, si una sentencia condena a pagar salarios o indemnizaciones, no hay forma de exigir que eso se haga porque todo queda en lo formal”, agregó Disparte.
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Los pedidos del Colegio de Abogados
El Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza le hizo a la Suprema Corte de Justicia una serie de pedidos para ampliar las actividades que pueden realizar durante la cuarentena. Quieren permiso para circular para ir a sus estudios jurídicos y a tribunales, agilización de la obtención de la firma digital de los colegiados, que se realicen audiencias virtuales para avanzar en los casos, que se puedan hacer pagos tras sentencias firmes a damnificados y profesionales mediante transferencias bancarias, y que las presentaciones de amparos y cautelares, homologaciones, procesos de alimentos, y medidas urgentes de familia, entre otras, se incluyan como actividades aptas para ser llevadas en forma remota.
Sobre la autorización para circular, Disparte aclaró que la Corte no tiene facultades para hacerlo sino que elevó el pedido a la Provinca para que esta haga lo propio al Gobierno nacional. La abogada también señaló que le enviaron una nota a la Subsecretaría de Trabajo para que atiendan las Oficinas de Conciliación Laboral para que se puedan pagar acuerdos entre empleados y empleadores. De estas dos solicitudes aún no tienen respuestas, advirtió.
Fuente: UNC
