El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) decidió adherir al paro programado para el próximo miércoles 24 de enero. A través de un comunicado, el sindicato, presentó su postura al respecto.
“En defensa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de comercio, el Centro Empleados de Comercio de Mendoza apoya el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y demás organizaciones sindicales y sociales, para el próximo 24 de enero en repudio del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional”, son las primeras líneas del comunicado.
Allí mismo se sostiene: “El mencionado instrumento, más allá, de su cuestionamiento constitucional en el aspecto formal, por no haber motivos de necesidad y urgencia, que justifiquen eludir el debate en el Congreso de la Nación de toda modificación de normativas de derecho del trabajo; su contenido, viola de manera humillante los derechos de los trabajadores consagrados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, distintos Tratados Internacionales y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (01T)”.
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Según el CEC, “a partir de su vigencia, de prosperar la iniciativa nacional, los trabajadores se verán afectados en su estabilidad laboral, sistema indemnizatorio por despido sin causa, limitación de la jornada de trabajo y pago de horas extras, falta o deficiente registración laboral, tercerización de prestaciones laborales, renunciabilidad de derechos adquiridos, período de prueba de 8 meses, imposibilidad del ejercicio del derecho de huelga y/o Asambleas, permisibilidad de figuras no laborales (relaciones colaborativas o monotributistas), etc”.
Para el gremio a cargo de Fernando Ligorria, “verdaderamente, del DNU 70/23, agrede de manera ostensible a los trabajadores, produciendo un retroceso en sus derechos individuales y colectivos, consagrados a través de largos años, con un sólo propósito: dañar a la persona que trabaja”.
En las líneas finales enuncia: “la reforma de nuestro ordenamiento jurídico laboral, requiere de un debate serio y racional de los sectores sociales involucrados, que debe realizarse ante el Congreso de la Nación y no por decreto”.