El derecho internacional privado, una de las ramas más jóvenes del derecho desarrollada desde fines del siglo XVIII, surge para resolver una problemática fundamental: ¿qué pasa cuando una persona realiza un negocio jurídico en otro país o se vincula con otra persona más allá de su territorio? Ante la incertidumbre sobre qué marco normativo rige esa relación, el derecho comparado y los procesos de codificación comenzaron a buscar criterios unificadores para garantizar la seguridad jurídica entre las naciones.

Tras la Segunda Guerra Mundial, y bajo la premisa de promover el libre comercio como un pilar fundamental para conseguir la paz y el desarrollo global, organismos internacionales comenzaron a colaborar intensamente. Entre ellos destaca el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), con sede en Roma, junto a instituciones como la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil (UNCITRAL).

De este esfuerzo conjunto nació la llamada "nueva lex mercatoria" o derecho blando (soft law), herramientas dinámicas que los particulares adoptan voluntariamente en sus contratos mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Un ejemplo paradigmático de esto son los Incoterms, creados por la Cámara de Comercio Internacional en la década del 30. Estas reglas resolvieron uno de los mayores desafíos del comercio exterior: determinar con precisión milimétrica el momento exacto de la entrega de la mercadería y la transferencia de riesgos, utilizando apenas tres letras en cualquier factura o carta de porte, sin necesidad de formalizar contratos escritos excesivamente complejos.

Frente a la irrupción del comercio electrónico y la aceleración tecnológica impulsada por la pandemia, estos estándares han demostrado una gran versatilidad. A diferencia de una ley estatal o una convención internacional rígida que requiere el consenso de múltiples Estados, las herramientas del soft law se actualizan de manera dinámica —como los principios de UNIDROIT o las sucesivas actualizaciones de los Incoterms—, adaptándose con rapidez a realidades como el e-commerce y sentando bases éticas para el uso de la inteligencia artificial.

No obstante, esta flexibilidad convive con matices regionales e idiosincrasias jurídicas. Mientras que en gran parte del mundo occidental y en economías orientales fuertemente integradas al comercio global como Singapur, China o Vietnam estas normas uniformes y el arbitraje comercial internacional están plenamente consolidados, existen otros ámbitos. Un caso claro son los países regidos por las normas del Commonwealth —como el Reino Unido o la India—, que tradicionalmente excluyen de común acuerdo la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, optando por contratos propios sumamente autoexplicativos pero respaldados conceptualmente por los principios internacionales de contratación.

Esta necesidad de previsibilidad se vuelve aún más crítica al analizar la inversión extranjera directa, donde las empresas asumen un capital de riesgo con fines de lucro en otro país. En la estrategia de inversión, más allá del costo-oportunidad económico, pesa de manera determinante el "riesgo político". Este riesgo abarca tres dimensiones esenciales que conforman el ABC de la inversión internacional: el trato normativo equitativo al extranjero sin discriminación fiscal o legal, las reglas claras en materia de expropiación y la seguridad jurídica para la repatriación de ganancias.

A lo largo de las últimas décadas, el cumplimiento de estas garantías ha marcado la diferencia entre los países que logran atraer flujos constantes de capital y aquellos que sufren los costos de la inseguridad institucional. Organismos multilaterales y acuerdos bilaterales de inversión continúan trabajando para blindar estas operaciones, recordando que la estabilidad normativa y la cooperación internacional son, en definitiva, la columna vertebral sobre la que se sostiene el desarrollo económico global.