Mendoza, de de ·  

Notas Entorno Debate Viernes, 2 de Noviembre de 2018

¿Ahora sí se viene la "Mendoza Minera"?

Con la presentación de dos proyectos para hacer más flexible a la ley 7.722, el apoyo de distintos sectores productivos y la intención del gobierno provincial, la minería metalífera parece prepararse para una nueva batalla de la que planea salir esta vez triunfadora.







El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”. Con estas palabras el mismo gobernador Alfredo Cornejo, dejó sentada su posición sobre la posibilidad de que se revea la famosa “Ley del cuidado del agua”, la 7.722, que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en contacto con fuentes naturales de agua, y las nuevas propuestas de modificación que emanan de dos proyectos presentados por senadores de la oposición, Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana).

La primera, la que impulsa el senador malargüino Juan Agulles, advierte sobre la necesidad de la creación de parques industriales mineros controlados. De esta manera, y en coincidencia con el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, se sortearía la aplicación de la ley 7.722 en los municipios que lo requirieran. En tanto, el proyecto del exintendente de Guaymallén, Alejandro Abraham, sustrae una frase del primer artículo de la ley que ya tiene once años. El proyecto mantiene la prohibición del uso de mercurio, cianuro y ácido sulfúrico en los emprendimientos mineros, mientras que si se podrían utiliza  “otras sustancias similares”.
Pero lo que es más importante según los especialistas es que ambas propuestas promueven que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada proyecto minero no tendría que pasar por la Legislatura para su autorización.

Con la modificación se buscaría sacarle a la Legislatura el “poder de policía” para aprobar, o no, las declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos mineros. Según indicaron, las discusiones legislativas fueron las que trabaron los proyectos de cobre de San Jorge, en Uspallata, y el de Hierro Indio en Malargüe.

Por su parte, también desde el Gobierno, el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, advirtió luego de reunirse con ambos senadores opositores: “Que la oposición haya tomado la iniciativa nos parece bien y nos permite abordar el tema con mayor tranquilidad y objetividad”.
De esta manera, los proyectos que ya están siendo tratados en comisión, también fueron expuestos ante la opinión de las cámaras empresarias, no sólo las particulares de la actividad minera, sino también las cámaras gremiales empresarias de Mendoza. Según los especialistas en temas mineros, la ley 7.722 tiene defectos y matices importantes que han provocado a lo largo de los años, mediante sus condiciones, las imposibilidades de trabajo.

Hay que recordar que en 10 años de ley no hay un solo proyecto minero metalífero funcionando, por lo menos de la minería que genera expectativa de ingreso e inversión. Y aunque la ley no es prohibitiva, la normativa ha hecho que la actividad se vea imposibilitada de desarrollarse.

Advierten que más allá de la autorización de un determinado producto químico, lo cierto es que la participación legislativa es una barbaridad que ha demostrado que con algunos proyectos se produjo un efecto negativo.

En defensa de la ley tal como está hoy, la misma que se aprobara en 2007, el senador Marcelo Romano, aseguró: “La 7722 es un símbolo de confianza social. Evitó a tiempo lo que San Juan padece, como el caso de Jachal. Acá iba a pasar lo mismo”.

Por su parte, y contrariamente a lo expuesto por el senador, Raúl Rodríguez, presidente de CAMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros), advirtió que desde que rige la normativa no se ha logrado aprobar ningún proyecto minero nuevo y que ni siquiera se ha sorteado con éxito el primer artículo. “Los que son más creativos y logran pasar este punto, son rechazados en la Legislatura”, aseguró, y agregó que  en el mundo la minería es el  45% del Producto Bruto Geográfico (PBG) “y el otro porcentaje restante no podría existir, porque sin esta actividad no hay industria automotriz, de materiales ni nada”.

En contraposición, y en la vereda de enfrente fue el mismo intendente de General Alvear quien salió a echar por tierra los posibles proyectos de los legisladores mendocinos: “Repudiamos el proyecto presentado por el senador Alejandro Abraham, hemos analizado el mismo y vemos que hay inconsistencias que nos llevan a decir que no hay margen alguna para que se modifique la ley 7.722”, argumentó.

En ese ámbito no hay inversión que valga, esto esta demostrado. Si hay algo que demostró que la 7722 es una verdadera barrera para el desarrollo de Mendoza son estos 10 años de su vigencia.

Por su parte, desde las asociaciones gremiales empresarias se viene insistiendo desde hace un tiempo en la ampliación de la matriz productiva de la provincia. De esta manera, es que

Es así que el documento llevado por el Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica Mendocina y la Unión Industrial Mendocina advierte que hace décadas que la actividad productiva en general viene mostrando signos de debilitamiento, con una importante pérdida de dinamismo en las actividades tradicionales y otras innovadoras, que si bien muestran señales de crecimiento, no alcanzan a compensar la desaceleración en las primeras.

Así las cosas, el informe también advierte sobre el  resultado de las limitaciones productivas locales, la capacidad de generación de empleos formales del sector privado de Mendoza experimentó una marcada desaceleración. El ritmo de creación de empleos privados formales pasó de un 8% anual en 2003-2007 a solo un 2% en 2008- 2013, incluso por debajo del promedio nacional. Dicha tendencia se ha mantenido en los últimos años.

“Se puede observar con preocupación que las posibilidades de desarrollar actividades productivas vinculadas a los recursos naturales en las últimas décadas han sido sepultadas por una “matriz de decisiones tomadas desde los organismos del poder ejecutivo y ámbitos legislativos (provinciales y municipales). Decisiones en muchos casos promovidas por la presión y exigencia de sectores de la sociedad que se arrogan una representación general y mayoritaria que no tienen.

Consideramos que estamos lejos de haber agotado con profundidad el debate en el cual la sociedad y su clase dirigente sean absolutamente consciente de las implicancias para su futuro de ampliar o no los horizontes productivos. Hoy la minería en Mendoza es de hecho considerada una actividad casi ilícita”, explica haciendo foco en el tema minero.

De esta manera, es que por estas horas, se comienza a cocinar lo que puede ser una nueva etapa para la minería en la provincia, pero son dejar de lado las opiniones de aquellos que aún siguen apoyando que el tema minero se mantenga como hasta hoy, una postura que al menos, en Mendoza, tiene un peso específico tan importante que ha logrado mantener firme a la aun “vieja”, pero vigente Ley 7722.


La voz de los protagonistas

Carlos Ferrer, presidente Cámara de Servicios Mineros de Mendoza
 “Hoy la ley implica una proscripción a una industria licita como es la minería”

Los proyectos son complementarios y superadores de la 7.722 que es una ley genérica con muchos blancos y sin reglamentar. Trata cosas nuevas como por ejemplo los controles  porque le da competencia absoluta  a la policía ambiental minera, también controles comunitario y hasta la implementación  de controles internacionales.


Establece seguros más allá de los ya existentes por cualquier situación que se pueda generar y la empresa no se haga cargo. Establece  afectaciones específicas de las regalías que van en parte a la construcción de viviendas y para la reconversión del riego y el recurso hídrico. Y fundamentalmente respeta la ley y  utilización del suelo y la ley de inventario de glaciares, los lugares prohibidos por el código de minería de la nación y cera polos o parques mineros donde cumplimentado  y respetando esos lugares se puede desarrollar.
Hoy la 7.722 implica una proscripción a una industria licita como es la minería, en 10 años no se ha aprobado una sola Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Si cuantificamos esto, Chile exporta  en la franja cordillerana que comparte con nosotros, 10 mil millones de dólares, hemos perdido 100 mil millones de dólares. Implica empleo directos, fuentes de trabajo nuevas para el país que son imposibles de generar por si solas. Siempre con personal en blanco, con obra social, la minería no funciona en negro y además de los puestos indirectos que generan alrededor de un proyecto minero. Generaría lo que el país y la provincia necesita. Hay que recalcar que cuando un emprendimiento minero empieza a construir no hay que esperar a que lleguen las divisas por las exportaciones de los minerales que si lleva tiempo. Cuando se construye las empresas de servicio comienzan a facturar  y tributan ingresos brutos a los 30 días de haber empezado a trabajar. De esta manera el erario público ya comienza a percibir su dinero por impuestos. En la época de Potasio Rio Colorado, Mendoza percibía 80 mil dólares mensuales de ingresos brutos con menos de 30 empresas de la Cámara que represento que tenían contacto con el emprendimiento, de los 900 proveedores.
Se va a generar riqueza genuina, la posición absoluta en el sentido contrario es egoísta y no tiene en cuenta el bien común del ciudadano de la provincia.


Leonardo Andreu, presidente del Consejo Empresario de Mendoza
“Si se mantienen algunas restricciones la actividad va a estar acotada”

Podemos dividirlo en dos parte, por un lado creemos que hay un agotamiento de la matriz productiva de la provincia con indicadores que son muy precisos como la caída del PBG de Mendoza, como así también de los niveles de exportación per cápita y de la importancia relativa de la economía mendocina en el plano nacional.
Por otra parte, muestra un aumento en el peso del sector público con respecto al sector privado.


Creemos, de esta manera, en la incorporación de actividades para la ampliación de la torta productiva de la provincia. En ese sentido vemos a los legisladores en la misma sintonía.
Creemos que los dos proyectos, tanto el presentado por Agulles como el de Abraham, contribuyen a la promoción del sector minero.
Creemos que el proyecto del senador Agulles es más amplio porque permite la posibilidad de utilizar en los parques mineros de productos que son necesarios para el desarrollo de la actividad, si se mantienen algunas restricciones la actividad va a estar acotada.


Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza
“La minería es una de las actividades que tenemos que priorizar dentro del escenario productivo”

Los proyectos de ley los estamos estudiando. Desde la UIM coincidimos que la matriz productiva de Mendoza esta totalmente agotada.
Lo que nosotros interpretamos  que la minería es una de las cuatro o cinco actividades que tenemos que priorizar dentro del escenario productivo. Recientemente en la legislatura hemos  manifestado que la gremial empresaria está muy comprometida con no poder generar empleo genuino,  que llevamos más de 7 años estancados en los 250 mil empleos y que necesitamos que la economía real empiece a traccionar.


Lo que identificamos es a través de la Cámara Minera que han mostrado un análisis de comparativa con Chile, donde Chile está en un escenario de 10 mil millones de dólares y eso es de alguna manera lo que tomamos como un proyección, con unos 15 a 20 mil  empleados directos con un derrame de 6 mil de manera indirecta. Esto no solo como una cuestión de cantidad, sino de calidad laborar, porque los empleados de este sector tienen  un nivel superior a casi dos veces un sueldo básico de otro sector. Porque si bien no tenemos un gran problema de desempleo si tenemos una grave situación de que estamos  en el puesto 14 a nivel nacional en ingreso per cápita. Ahí también la minera tracciona de manera importante.


Gustavo Kretschmar, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza
“Sacarle el tono político a una actividad económica que merece otra manera de ser tratada”

La necesidad de abrir la economía a nuevas posibilidades que está  muy restringida a lo que son los oasis productivos y demás. No hay discusión sobre esto, está claro.
La posibilidad de modificar el paso por la legislatura es la clave, sino es imposible que haya un peso de inversión en minería, y esto está demostrado.

La normativa vigente en materia de regulación ambiental y las norma del Departamento General de Irrigación, son lo suficientemente fuerte y profundas y serias como para que la gente este tranquila desde el tema del control.
En muchos lados del mundo  la minería, sin ir más lejos en Chile,  ha constituido in imán para la llega de inversiones y el desarrollo de la región. A 30 km de San Carlos  esta la mina “El Teniente” que tiene mas de 100 años de vigencia donde conviven perfectamente las actividades vitivinícola, minera y comercial en armonía y tiene los mismo controles que nosotros y sin embargo allá se desarrolla y acá no. Los instrumentos que estan sirven pero lo que tenemos que hacer es ir para adelante. Hay que modificar la ley pero en el carácter político que tiene, sacarle el tono político a una actividad económica que merece otra manera de ser tratada.

Sebastián Pérez Dacuña

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